.png)
La implementación del Acuerdo de paz es una tarea de largo aliento que implica un amplio compromiso de todos los sectores de la sociedad. Que lo acordado en La Habana se convierta en una realidad depende de la incidencia que haga la ciudadanía exigiendo cumplimiento de parte del Gobierno y todas las partes involucradas en el conflicto.
Desde la Ruta Pacífica estamos proponiendo un modelo de incidencia activa, desde el seguimiento con datos al paso a paso de la implementación del Acuerdo de Paz, que nos permita saber qué acciones concretas relativas a los derechos de las mujeres están pendientes por ejecutar. En 2018 estaremos monitoreando desde las regiones en que hacemos presencia las acciones tendientes a la ejecución de lo acordado, con énfasis en las medidas específicamente dirigidas a las mujeres y las niñas.
Consideramos que hay importantes avances en materia de implementación de lo pactado en las negociaciones con las FARC, aunque entendemos que aún hay retos importantes, y que se requiere un compromiso político y social de largo plazo para hacer realidad las transformaciones de las condiciones estructurales que generaron la guerra. Vemos con esperanza y compromiso las acciones que se desarrollan en los territorios más impactados por el conflicto para hacer realidad políticas como los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, o el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de destinación Ilícita.
Según el informe del Instituto Krock[1] publicado en Noviembre de 2017, de las 246 acciones concretas de implementación del Acuerdo de Paz que tienen un alcance de largo plazo, el 30% presentan algún nivel de avance en el primer año del Acuerdo de Paz. Esto resulta significativo en relación al poco tiempo de implementación que lleva lo acordado con las FARC. La activación del Consejo Nacional de Paz y su Comité, así como la directiva presidencial para la reactivación de los Comités Territoriales de paz son a su vez una señal de avance fundamental en la participación ciudadana en procesos de construcción de paz, que debe ser valorada positivamente por la sociedad civil en su conjunto.
Los retos en materia de seguridad, defensa de las y los defensores de derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y la concreción de políticas adecuadas de reinserción y desmovilización requieren de parte de la sociedad civil un monitoreo permanente y acciones de movilización social para demandar cumplimiento de los compromisos que sobre estos temas se adquirieron en el Acuerdo de Paz. A su vez, estos desafíos implican un gobierno gestor, proactivo y comprometido con las obligaciones que depositó ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Consideramos que un escenario de paz, como el que estamos intentado construir en Colombia, llama a todas las partes del conflicto a buscar alternativas no armadas para la resolución de los conflictos, y nos lleva a un nuevo momento en donde las discusiones políticas ya no se dan desde las armas, si no desde las ideas fundamentadas, de cara al país.
Valoramos positivamente el hecho histórico de tener por primera vez una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que quizá sea de las pocas en el mundo que desde su etapa de alistamiento contemple un enfoque diferencial de género.
Las mujeres tenemos razones para sentirnos esperanzadas en el momento que vive nuestro país, y al mismo tiempo llamadas a la acción para proteger las medidas específicas que se lograron con un amplio esfuerzo de incidencia.
La paz no es un documento firmado entre guerreros,
es un compromiso social con la vida.
Alejandra Coll Agudelo
Abogada
Ruta Pacífica de las Mujeres
[1] Informe del instituto Krock. Universidad de Notre Damme, Keough School of Global affairs. Nov 2017. Disponible en: http://kroc.nd.edu/assets/258051/final_arti_culo_web_kf.pdf