Las mujeres también hemos cosechado tierra para la paz



Propuestas de las mujeres en el Foro "Políticas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial". Diciembre-17-18-y-19-de-2012.

 

Bogotá, diciembre 17 de 2012. Este documento que presentamos al Foro Agrario en el marco de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP, recoge los planteamientos que las organizaciones y mujeres participantes en el Encuentro Nacional de Mujeres, presentaron los días 3 y 4 de diciembre de 2012. Las propuestas presentadas giran en torno a: Acceso a la tierra, soberanía alimentaria, fortalecimiento institucional, apoyo al agro, nueva visión del territorio y participación social y política. Lea el texto completo.

 

 

Este es el texto completo del documento presentado en el Foro "Políticas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial"

Presentación

La historia sobre la participación política de las mujeres muestra que llegan al sistema político y económico no para instalarse en él y apropiarse de él, sino para permanecer allí transitoriamente.  No se registran casos ni momentos en los que las mujeres hayan logrado una presencia estable, a pesar de su participación. En cada período histórico pareciera que la lucha de las mujeres comenzara de nuevo, en ese momento, sin pasado. La sociedad o los actores aparentan no tener posibilidad de memoria acerca de la participación y lucha de las mujeres; otros son los acontecimientos y los actores que permanecen.

Por supuesto en Colombia las mujeres se han rebelado ante estos mandatos y resisten ante estas situaciones, por tanto la lucha de las mujeres por la democracia y la consecución de la paz es un imperativo,  es de larga trayectoria, se podría afirmar que data desde el momento en el cual las mujeres  tienen conciencia de su situación de opresión y subordinación, y deciden vivir en rebeldía y desobediencia contra el capitalismo y el patriarcado.

La amplia y constante movilización de las organizaciones y grupos de mujeres en la construcción de salidas políticas negociadas al conflicto social y armado, no se refleja de los distintos procesos de paz con la insurgencia colombiana, estos no han incluido aspectos relacionados con la participación de las mujeres, con la transformación de las relaciones de opresión y subordinación ni con el trato especial, para ellas en los programas de reinserción, tampoco dichos acuerdos incluyen acciones tendientes al reconocimiento y la transformación de las situaciones de injusticia e iniquidad que viven los pueblos indígenas y afro descendientes.

Han afirmado sin vacilaciones que no puede haber paz mientras todas las personas no puedan expresar y llevar a cabo sus aspiraciones en un mundo justo, libre e igualitario. No puede haber paz mientras se oprima y se impida el desarrollo pleno de la mitad de la humanidad, las mujeres.

La ausencia de las agendas de las mujeres y de la inclusión de acciones que permitan avanzar en la transformación de las relaciones de opresión y subordinación y de injusticias sociales, culturales y económicas, en los acuerdos de paz y en el actual proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP,  se podría explicar teniendo en cuenta las características de su incorporación a estas organizaciones en posiciones subordinadas; con el no reconocimiento a su autoridad; la escasa legitimidad social y política a su participación y, la poca representación en cargos de elección popular y de decisión.

Mujeres por la Paz surge de la voluntad política de  organizaciones y grupos de mujeres, organizaciones de base, organizaciones sociales y mujeres de partido, para convertirse en sujetas en el actual proceso de diálogo y no objetas de pactos, para ser interlocutoras, dialogantes, con voz propia y que esta voz sea valorada; es decir, para ser mujeres pactantes de un nuevo orden, para ser sujetas políticas, para deconstruir el pacto patriarcal, para luchar por el logro de la justicia social para todas y todos los excluidos y las excluidas.

El documento que presentamos al Foro Agrario en el marco de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP, recoge los planteamientos que las organizaciones y mujeres participantes en el Encuentro Nacional de Mujeres, presentaron los días 3 y 4 de diciembre de 2012.

I. Problemas estructurales del sector rural y su relación con la tenencia de la tierra


Ha sido una constante en la sociedad colombiana tratar de entender  la enorme complejidad de la relación entre lo rural y lo urbano, recurriendo a claves económicas. El predominio de estas variables ha tenido  un doble efecto: por un lado construyó un discurso dicotómico en el que estas dos espacialidades constituyeron fronteras establecidas que polarizaron la discusión entre lo tradicional y lo moderno, o el atraso y el desarrollo; y por otro, y como consecuencia de esto, contribuyeron a obviar, en el análisis, el papel de las mujeres, las  condiciones sociales y políticas fundamentales en la configuración de la red de relaciones sociales, características de los dos ámbitos construidos conceptualmente.

Estos análisis han impedido, en gran medida,  la articulación de los diagnósticos económicos de la realidad rural, con aquellos otros que han insistido en la importancia de las formas de sociabilidad (en algunos casos dependientes y en otros determinantes) de los procesos de ocupación y poblamiento del territorio, o bien de las relaciones entre las estructuras económicas y las formas del poder político imperantes en el país.

El sometimiento de la economía campesina a las lógicas del mercado no es la única condición para explicar las transformaciones en el mundo rural. Estas transformaciones precisan ser entendidas, como lo apuntó el sociólogo francés, Pierre Bourdieu, también a partir de una suerte de transformación en la visión del mundo, en la que la experiencia urbana resulta, en comparación con el modo de ser rural, aquello que es percibido (porque es aprehendido) como algo valorable, visible y aceptable; es decir, la primacía otorgada al ámbito urbano en detrimento del rural, se explica en la medida en que el primero resulta reificado como la polaridad deseable de la dicotomía.

Las debilidades de los análisis también se reflejan en la ausencia del aporte de las mujeres y de su papel en el sector. En el contexto de la cultura patriarcal la visión hegemónica del mundo es, en términos masculinos: las mujeres son objetos más que sujetos, se trivializan  e invisibilizan los problemas y las experiencias de las mujeres, y se destaca los intereses masculinos sobre los femeninos. La valoración de lo masculino como medida de lo universal y lo humano, se explica en un contexto de relaciones de opresión y subordinación entre varones y mujeres, de la división sexual del trabajo en lo público y lo privado que le resulta necesario al capitalismo y al patriarcado. Es decir, que una de las falencias de los análisis sobre lo rural y lo agrario es no registrar las interrelaciones entre la actividad familiar, que desempeñan básicamente las mujeres y las niñas en el sector, y el trabajo de mercado en el proceso de reproducción societal.

En ese sentido, es necesario que al intentar aproximarnos a los problemas estructurales de lo rural y del agro en el país, debamos, en primer lugar, superar el excesivo economicismo dominante en los  análisis; en segundo, establecer relaciones conceptuales más complejas que reconstruyan de manera más ajustada los determinantes de la crisis del mundo rural; en tercer lugar, establecer las relaciones entre producción y reproducción societal que implica la producción de la vida, el cuidado y la formación de la fuerza de trabajo y, a la vez, la producción mercantil de bienes y servicios como medios de existencia; y en cuarto lugar, la participación de los campesinos y campesinas en sus propia realidad,  para ello deben tenerse en cuenta los aportes, no solo de la economía, sino también de la historia, la sociología, de la teoría feminista y de otras disciplinas que han intentado construir marcos interpretativos variados para analizar estos problemas que enmarcan la situación del campo en Colombia.

En consecuencia, si bien existe un acuerdo entre las diferentes aproximaciones de que es en la estructura de la tenencia y propiedad de la tierra donde se cifran muchos de los problemas del ámbito rural, resulta necesario entender, aunque solo sea de modo somero, cómo esa estructura se configuró como determinante de la crisis. Para ello es necesario recordar que la dicotomía ciudad-campo se impuso en los propios procesos de poblamiento durante la conquista y la colonia.

Semejante oposición era, sin embargo, una falsa dicotomía, pues el desarrollo de la ciudad colonial estuvo directamente vinculado al mundo rural. Las minas que en su momento generaron excedentes de riqueza, pero también las haciendas de las cuales las ciudades se fueron haciendo progresivamente dependientes, constituyeron unidades que fungieron de vasos comunicantes entre lo urbano y lo rural. Ello fue así al punto de que la sociedad jerarquizada de las ciudades (jerarquizada por cuenta del prestigio pero también por el sexo y la raza) terminó determinado las propias jerarquías de los ámbitos rurales en una especie de efecto espejo.

Este aspecto resulta importante si se tiene en cuenta que esas jerarquías  sociales, producto de especificas formas de  sociabilidad, poder político y económico, e incorporadas a través de complejos procesos de socialización, resultarían en el futuro, ya iniciada la república, aspectos determinantes de las formas de poder político que cristalizaron en el país. Se estableció de esta forma una sociabilidad política, que como señaló, Fernando Guillen Martínez, en los años setenta, presentaba las características de una adhesión autoritaria y una sumisión paternalista. Este tipo de sociabilidad limitó, la movilidad social y la condicionó a la posibilidad de asenso social al vínculo establecido entre patrón y clientela.

Se trata así de una triada que desde entonces se ha mantenido, con las variaciones que cabría esperar, y que se encuentra en la base de las injusticias y obstáculos al desarrollo de orden social rural: Las jerarquías sociales, las formas del poder político y la estructura de propiedad de la tierra.

Este trípode sobre el que se asienta el problema agrario en el país, ha sido una constante durante buena parte de su historia. De este modo casi que se podría aventurar la hipótesis de que cada vez que alguna de estas estructuras se ha visto amenazada, se exacerba el control sobre las otras dos, apelando a todas las estrategias legales e ilegales y, en especial, utilizando como medio la violencia.

Quizás el ejemplo que de mejor manera relata esta tesis, sea el proceso vivido tras la promulgación de la Constitución Política de 1991. A la amenaza que significó este nuevo pacto social frente a las formas tradicionales del poder político, se siguió una férrea reacción que intentó reconfigurar las viejas jerarquías sociales y significó un aumento de la concentración de la tierra. La expansión del paramilitarismo y los vínculos de estos con las fuerzas militares y con los sectores más conservadores del espectro político, revela una intencionalidad manifiesta que intentaba mantener los cauces del orden social.

A estos aspectos se sumó la necesidad de las elites políticas y económicas de establecer vínculos con el mercado mundial. Este proceso, en el cual el campo fue durante largo tiempo menospreciado (a pesar de que fue el café, como consecuencia de una moderada democratización del acceso a la tierra en las zonas en donde se cultivaba, el producto que permitió la definitiva inserción de la economía nacional en el mercado mundial), las elites políticas y económicas, con la irrupción de la economía extractiva, volvió poner sus ojos sobre las zonas rurales en el marco de una resistencia a modificar las estructuras agrarias que aumentarían los niveles de concentración de la tierra. De esta forma, un conflicto cuya duración era para comienzos de los 90, de casi treinta años y cuyas características irregulares y de naturaleza y escenario fundamentalmente rural, volvió a ubicarse entre las prioridades de la agenda estatal.

Así, en un nuevo marco de prioridades, el papel del Estado y la institucionalidad pública presentó una faz bipolar. Mientras en el ámbito urbano ha avanzado en la prestación de servicios a la vez que logró disminuir (al menos durante un lapso) los índices de violencia por medio del fortalecimiento de sus instituciones; en lo rural hizo presencia fundamentalmente militar, mientras que sus estrategias sociales tuvieron  —y siguen teniendo— un carácter asistencialista y funcional, tanto al gran capital, como a la presión externa en la lucha contra el negocio del narcotráfico. Mientras en lo urbano el Estado se constituyó en garante del orden, en lo rural entró a hacer parte — activa a veces, pasiva otras—  del complejo juego de correlaciones de fuerza entre paramilitares y guerrilla.

II.¿Qué pasa con las mujeres en el sector rural?

El trabajo de las organizaciones feministas, campesinas de mujeres, de afro descendientes e indígenas, ha logrado la difícil tarea de visibilizar el carácter discriminatorio del modelo de desarrollo rural para ellas. Esta tarea, que se ha adelantado desde la denuncia, la exigencia, la atención, la investigación y la elaboración de propuestas,  ha develado a partir de hacer públicas las situaciones de injusticias e invisibilidad de las mujeres rurales, campesinas, afro descendientes e indígenas,  tres de las principales manifestaciones  de las  relaciones de opresión y subordinación que viven.

La primera, es las condiciones de desigualdad que se derivan del hecho de vivir en el campo frente a las mujeres urbanas. Las mujeres en el sector rural presentan mayores tasas de analfabetismo, morbimortalidad,  mayores índices de violencia en su contra; mayores tasas de desempleo,  y en últimas, menor calidad de vida, objetivamente medida.

La segunda, es el menor acceso a la propiedad de la tierra, así  como a la financiación de sus iniciativas productivas haciéndolas depender de los varones para cualquier tipo de empresa. “Para las mujeres rurales, la tierra, más que un escenario físico o una enunciación jurídica o geográfica, es una interrelación con el ambiente que tiene un sentido comunitario y cultural. La tierra representa su historia y su principal medio de subsistencia, pues allí encuentra su trabajo, su desarrollo familiar, social y político. Esta situación no les permite crear un vínculo real con las tierras, ya que el hombre es el propietario y quien tiene la potestad de decidir sobre la producción y distribución del trabajo familiar” (Rodríguez Laura T; 2010).

La tercera, el carácter diferenciado de los efectos que tiene el conflicto armado en sus cuerpos y sus vidas, las mujeres rurales, cuyas discriminaciones se acumulan a lo largo de su vida, deben enfrentarse a contextos hostiles que utilizan sus cuerpos como espacios de la guerra, y sus vidas como parte de estrategias ejemplarizantes. Sometidas mayoritariamente al desplazamiento, las mujeres son constantemente re victimizadas en los nuevos lugares de asiento, a la vez que representan la gran mayoría de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado y en contextos donde hay menos presencia de actores armados involucrados en él.

Propuestas  para replantear el modelo de desarrollo rural

Conscientes de esta situación, las mujeres reunidas en el Encuentro  Nacional de Mujeres por la Paz, realizado en la ciudad de Bogotá, el 3 y 4 de diciembre de 2012, señalaron la necesidad de participar en el proceso de diálogo que se lleva a cabo entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP y como sujetas de derechos e interlocutoras decisivas en el proceso de diálogo, instaron a las partes a no pararse de la Mesa de Diálogo hasta no llegar a un acuerdo que dé fin al conflicto armado colombiano, a escuchar e incluir las demandas de las mujeres. De igual manera, expresaron que la paz en el país no es posible sin solucionar las situaciones de opresión y subordinación que viven las mujeres, el problema de propiedad de la tierra y sin superar las injusticias que se viven en el sector rural. Tampoco es posible lograr la paz sin antes haber logrado el respeto a los territorios de las comunidades indígenas y afro. En este sentido, un grupo amplio de organizaciones de mujeres plantearon un conjunto de propuestas con el fin de transformar el modelo de desarrollo rural vigente:

1. Acceso a la tierra.

Quizás la principal propuesta tiene que ver con el desarrollo de una reforma agraria integral que consulte las necesidades de las/los campesinas/os, en especial de las mujeres. Esto significa que para que sea efectiva, esta reforma deberá tener en cuenta la necesidad de atender los problemas de los campesinos y campesinas y de manera especial enfocarse en romper los desequilibrios de dicha población, de las mujeres en su condición de pobladoras rurales y evitar que estas sean victimizadas en el marco de los enfrentamientos entre los diferentes actores armados.

Se deben superar las barreras que tienen las mujeres para acceder a la restitución efectiva de bienes y tierra, así como la informalidad y las condiciones jurídicas adversas. Debieran, de esta forma, promoverse normas generales y transaccionales de protección y promoción del acceso de las mujeres al uso, propiedad y restitución de la tierra. Ello hace imperativa la inclusión del enfoque de derechos para las mujeres, que se reconozca el maltrato y la inseguridad en la atención así como la inseguridad y la violencia producto de las condiciones diferenciales del conflicto armado en sus vidas.

2. Soberanía alimentaria.

Es necesario garantizar la autonomía y soberanía alimentaria de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas; ninguna transformación del agro puede ser exitosa si no se intervienen de manera decidida las condiciones de vida de la población campesina. Así, uno de los mayores anhelos de las mujeres pobladoras de los sectores rurales del país tiene que ver con el estímulo a la capacidad de generar procesos de autonomía y soberanía alimentaria. Esta condición permitiría una modificación sustancial en sus actuales contextos y traería como correlato aumentos en los indicadores de calidad de vida.
Para ello, más que lograr su inclusión en el aparato productivo del mercado, resulta indispensable configurar estrategias de producción agrícola a pequeña escala que además de garantizar a las mujeres del campo los medios para su subsistencia, les sirvan como colchón de ahorro y margen de maniobra ante las crisis periódicas de las economías agro industriales. Las huertas familiares, las granjas, el pequeño cultivo (cuya condición es la del acceso a la tierra) no solo contribuyen al propósito de bienestar de las familias campesinas, sino también hace elástica la resistencia del campesinado ante las crisis.

3. Fortalecimiento institucional.

Para lograr este propósito se requiere que el Estado colombiano implemente unas políticas sociales de fortalecimiento y apoyo al agro. El apoyo del Estado no puedo consistir en la militarización de los territorios. Además es fundamental que el resto de la institucionalidad pública —en sus diferentes niveles: municipal y departamental— haga también presencia en los territorios y contribuya a los procesos de normalización que se derivan de la efectiva y eficiente prestación de servicios sociales del Estado y de servicios públicos; para lo cual hay que romper los vínculos de las elites políticas locales y de los actores armados del conflicto.

La construcción de escuelas, hospitales, espacios para el cuidado de las/os niñas/os y demás instituciones, implica un acercamiento del sector rural al país y les permite el acceso a la condición de ciudadanía plena. Los acueductos y procesos de electrificación deben ser un esfuerzo concreto del Estado por modificar las condiciones de vida de campesinas/os. La construcción de vías y el desarrollo de la adecuada infraestructura, permitirá comunicar a la población campesina con el país y ampliar mercados para el comercio en pequeña escala.

4. Apoyo al agro.

Sin duda, una intervención de este tipo también requiere del apoyo a las campesinas en términos económicos (subsidios, créditos blandos y condonaciones de sus deudas), con una perspectiva de construcción democrática y no desde una visión asistencialista que las convierta en ejercito de reserva de los grupos armados o de la fuerza de trabajo. El apoyo al agro a través de este tipo de estímulos debe replantear el modelo de desarrollo rural mismo para que se favorezca no solo la gran agroindustria, sino también para que haga posible economías a pequeña y mediana escala que contribuyan en los esfuerzos de mejorar las condiciones de vida de la población del campo.

En ese sentido las mujeres señalan la necesidad de implementar políticas de emprendimiento y productividad que las beneficien dándoles prelación en accesos a capital, promoción de empresas y protección frente a competencias, así como garantías de sostenibilidad financiera y técnica de programas que contribuyan a estos propósitos. También resulta importante garantizarles el acceso a subsidios para la producción y créditos que estén dirigidos a establecer la autonomía financiera de las mujeres y sus empresas. Sobre todo, resulta necesario que las mujeres, como fuerza de trabajo, no sean sometidas al oprobioso desconocimiento de sus capacidades, y de esta forma lograr que sus salarios sean justos y sus labores sean reconocidas.

5. Nueva visión del territorio.

Apostarle a un nuevo ordenamiento del territorio que permita establecer con claridad quiénes son los-as dueños-as de la tierra, qué produce ésta, y cómo ello contribuye al propósito general del bienestar de los colombianos/as. En ese sentido se trata de que a través de herramientas catastrales y censales con la participación de las comunidades y de las mujeres, se avance en la construcción de estrategias que privilegien y, en ese sentido, modifiquen el modelo hacia el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, y abandonen el impersonal criterio de riqueza. De ahí que resulte necesario establecer con claridad el papel de los baldíos, de las zonas de reserva y de los territorios de las comunidades indígenas y afro; entre otras.

6. Participación social y política.


En especial, es necesario que socialmente se reconozca el papel de las mujeres como sujetas de derechos, que sean tenidas en cuenta sus propuestas y que se propicie su participación. Para ello se deben generar procesos de fortalecimiento y capacitación que desarrollen aptitudes participativas en las mujeres y sus grupos, y también construir estrategias que difundan y permitan el acceso de éstas a las diferentes herramientas jurídicas construidas para garantizar sus procesos de exigibilidad a la tierra y a una vida digna. Ello no resulta posible si no se incorporan herramientas que les permitan verificar y vigilar las distintas acciones emprendidas, pero tampoco si no se estimula su participación efectiva en los procesos de formulación de políticas destinadas a la atención de sus problemas.

Estas condiciones deberán ir encaminadas a garantizar que las mujeres puedan hacer parte de los ámbitos de participación política a nivel local y territorial. En ese sentido, no solo se trata de permitir y contribuir a que las mujeres se conviertan en veedoras de la gestión pública, sino sobre todo que ellas tengan acceso a las cuotas de participación política institucional suficientes para permitirles llevar sus propias voces desde su pluralidad, y que con ello puedan contribuir con sus propuestas en los procesos de toma de decisión que afecten la forma en que se gobiernan sus municipios y departamentos.

Sólo a través de políticas que identifiquen y transformen las estructuras que se encuentran en la base de las injusticias y obstáculos al desarrollo, será posible conquistar una modernidad más humana, y una ciudadanía plena, en la que los colombianos y las colombianas —en especial en el campo— al fin puedan disfrutar de sus vidas en paz y con bienestar, en lugar de tener que padecerlas.

 



Organizaciones que conforman el espacio de Mujeres por la Paz

ACIN
Alianza Departamental de Mujeres del Putumayo
Asociación de mujeres por la paz y la defensa de los derechos de la mujer colombiana- ASODEMUC
Casa Amazonia/Putumayo
Casa de la Mujer
CDPAZ- Planeta Paz
CLADEM
Colectivo  Feminista HALLYANIWA
Colectivo de Mujeres Excombatientes
Colectivo Mercedes Úzuga
Colectivo Mujeres para la Reincidencia
Comité permanente por la defensa de los derechos humanos- CPDH
Corporación Centro de Promoción y Cultural-Fasol
Corporación Colombiana de Teatro
Corporación Ensayos para Promoción de Cultura Política
Corporación Humanas
Corporación Nuevo Cine Latinoamericano
Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados -C.N.D.
FENSUAGRO
Fondo de Acción Urgente
Fondo Lunaria Mujer
Fundación Casa de la Mujer y de la familia Stella Brand- Pereira
Fundación Mujer y Futuro- Santander
ILSA
Juventud Comunista de Colombia-JUCO
Las Auroras red de mujeres víctimas de Santander
Limpal Colombia
Marcha Patriótica
Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales
MOVICE
Mujer Palabra
Mujeres en Asamblea Permanente 13 Años Caminando por la Paz
Mujeres por la Paz-Valle del Cauca.
Mujeres por la Resistencia
Partido Comunista Colombiano-PCC
Red de Mujeres Indígenas
Ruta Pacífica de las Mujeres, con sus 9 regionales.
Tribunal  DESC de Mujeres

Mujeres independientes:
Gloria Flórez  - Parlamentaria Andina
Lourdes Castro