*Editorial: por la Verdad, la Justicia y la Reparación

Los procesos de desmovilización con los grupos paramilitares dejan muchos interrogantes y certezas sobre la impunidad que llevarán implícita. En este proceso las víctimas son las principales afectadas, olvidadas, excluidas, sin nombre y sin que socialmente se reconozca la infamia cometida a lo largo de este conflicto armado.

Más de 3 millones de desplazados y desplazadas1, alrededor de 800 masacres cometidas por los grupos paramilitares entre el 97 y el 20032, sin contar las innumerables masacres perpetradas antes de estos años en la etapa de posicionamiento del paramilitarismo; cerca de 6.000 desaparecidos3 y el dolor de sus familiares, los 3 mil secuestrados anuales, las violaciones sexuales a mujeres, los asesinatos selectivos, los magnicidios, los crímenes de lesa humanidad contra más de 1850 militantes de la Unión Patriótica, los asesinatos de indígenas, el reclutamiento forzoso y la vinculación de niños y niñas a la guerra, son apenas una muestra de la dimensión del problema con respecto a las víctimas.

La Ley de Justicia y Paz aprobada recientemente por el Congreso de la República, no acogió los estándares mínimos internacionales sobre Verdad, Justicia y Reparación que permitan que las víctimas sean sujetos políticos tenidos en cuenta, no puestos como responsables de lo que les sucedió, que pueda construirse una memoria con base en la identificación de sus dolores, de sus pérdidas y reconstrucciones, que permita que la sociedad construya su memoria colectiva reconociendo lo que sucedió, con sus responsables, ese puede ser el camino más expedito hacia un horizonte de paz duradera y es necesario recorrerlo si se desea generar las bases para la reconciliación.

El proceso de negociación con los paramilitares no está permitiendo los mecanismos transaccionales dado que aún permanecen estructuras armadas de los grupos que se han desmovilizado, lo que no está garantizando el desmonte total y absoluto de los grupos paramilitares en Colombia. El proceso parece más un mecanismo de legitimación y legalización de sus estructuras que un real compromiso de desmovilización de su tenebrosa empresa de muerte.

Con la Ley 975 de 2005, llamada de «justicia y paz» y el decreto 128 de 2003, la búsqueda y el esclarecimiento de la verdad indispensable para avanzar en la justicia y la reparación es una quimera, permite el ocultamiento de los crímenes cometidos ya que la verdad queda limitada a relatos individuales voluntarios sin condicionamiento a que sea fidedigna y completa pues no hay consecuencias graves para quienes omitan hechos o falten a la verdad.

El no reconocimiento de la verdad, no permitirá a los colombianos y colombianas esclarecer las complicidades institucionales, de empresarios, de congresistas, de las fuerzas armadas del Estado; para determinar sus responsabilidades en la creación y expansión del paramilitarismo en el país, fenómeno que sigue siendo una amenaza porque no se está produciendo su real desmonte, sino la legalización de sus estructuras armadas, económicas, políticas y sociales.

Sin la verdad la justicia cojea; quedarán muchos crímenes de lesa humanidad impunes porque la ley permite la cesación de procesos y condenas y las personas que pueden ser cobijadas por la ley , que son un porcentaje mínimo, quedan con penas irrisorias que pueden pagar con el tiempo que dure el proceso de negociación, con descuentos cuando las penas son mayores o bien en sitios diferentes al sistema penitenciario, lo que garantiza poco control del Estado. La justicia se trunca porque las investigaciones se harán en tiempo record (60 días) y el juzgamiento carece de «principios democráticos de necesidad, proporcionalidad y racionalidad»(4)

La reparación pasa por tener en cuenta que las víctimas tienen palabra y pueden determinar lo que puede constituirse en reparaciones reales o simbólicas. No puede una sociedad a nombre de las víctimas reconciliarse cuando los victimarios tienen garantías económicas, políticas y sociales mientras las víctimas son ignoradas, invisibili-zadas y tratadas por el Estado y la sociedad como parias. La reciente creada Comisión de Reparación y Reconciliación, tiene obvios obstáculos para llevar a cabo la tarea de lograr la reparación, mientras los paramilitares no devuelvan los más de 4 millones de hectáreas arrancadas a sangre y fuego a hombres y mujeres, mientras no le digan al país dónde tienen cada desaparecido y desaparecida, mientras no reconozcan los crímenes cometidos contra las mujeres y niñas, mientras las masacres queden en el silencio.

No puede pedírsele a las víctimas que acepten reparaciones simbólicas cuando se tiende un manto de olvido, se invita a la amnesia y se tolera la continuidad de estructuras ilegales de los desmovilizados. No se puede pretender que aquellos que «afectaron gravemente sus vidas, sus bienes, sus trayectorias existenciales, en sus presentes dramáticos y en sus futuros inciertos» (5) campeen por todo el país como héroes de patria.

La Ruta Pacífica de las mujeres cree que es necesario que las víctimas tengan la palabra, reconocemos que la gran mayoría de organizaciones de víctimas han sido impulsadas por las mujeres, viudas, madres de hijos secuestrados, desaparecidos, asesinados o masacrados, así lo constatan organizaciones como Asfaddes, madres de la Candelaria, País Libre, Asfamipaz entre otras. Son las mujeres principales víctimas del desplazamiento, de la desaparición forzada de seres queridos, de la muerte de hijos, hijas, esposos, novios, son las mujeres víctimas de las violaciones sexuales de los actores armados. Debe contarse con ellas para determinar los cánones tolerables de justicia y reparación.

La Ruta Pacífica de las Mujeres trabajará porque haya una Comisión de la Verdad alterna al sistema judicial que esclarezca la verdad del horror de la guerra que aún no termina, buscando que haya restauración de los derechos de las mujeres víctimas para que no haya impunidad.

La Ruta Pacífica con relación a los procesos de negociación y desmovilización cree que es importante la desmovilización real de los grupos paramilitares, pero no estamos de acuerdo con el modelo que se implementó porque no significa desmilitarización sino militarización por vía de prácticas políticas, institucionales, militares, lo que contribuye a un modelo autoritario. Es un instrumento de pacificación que transmite el mensaje aquel de que «la guerra paga» y esto sucede mientras mujeres y hombres miran con desconcierto los alcances de esta historia.

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NOTAS

1. Codhes.
2 Comisión Colombiana de Juristas. Violencia socio política y violación de derechos humanos en Colombia. Pag 6.7.8.
3 Asfaddes, Con todo el derecho, asociación de familiares de detenidos–desaparecidos Pág 130, edición 2003
4 Michael Fruhling, Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Tercera jornada de seguimiento al proceso Gobierno AUC Bogotá. Febrero 2005
5 Uribe, María Teresa, Memorias, Historia y Ciudad. Revista Región No 44. Pág 25.